Prevención del suicidio

 

Siempre que nos refiramos a prevención, deberemos distinguir entre las medidas de orden sanitario, que dicen relación con las medidas macro, tendientes a disminuir el número de casos, y el abordaje a nivel de la atención individual, con el que se busca disminuir la probabilidad de que el paciente con riesgo suicida concrete sus planes.

Por supuesto, las muertes por suicidio son consideradas un problema de salud pública, aun cuando representen una fracción de las muertes atribuibles al cáncer o a patologías cardiovasculares. Más de 700.000 suicidios se consuman cada año en el mundo. En Chile, son la causa de alrededor de 1800 muertes; y entre los 15 y 29 años es la segunda causa de fallecimientos.

En 2015, 9.8 millones de personas (4% de quienes tenían 18 o más) en EE. UU. tuvieron pensamientos en relación con intentar suicidarse y más de la mitad no recibieron atención mental el año previo. El resultado: 1.47 millones de personas (0.6%) intentaron suicidarse. A pesar del significativo aumento de la prescripción de antidepresivos, los que se quitaron la vida no habían demandado atención psiquiátrica.

Un impecable estudio del Dr. Alejandro Gómez (2014) sobre autopsias psicológicas realizadas en la región de Coquimbo mostraba como un poco más del 25% de los fallecidos había consultado con psiquiatra o psicólogo en el mes previo al deceso. También se confirmaba el peso de los intentos previos y la influencia del alcohol al momento de quitarse la vida (50% de los fallecidos en cada respecto). Habría que agregar, dato que no proviene de esta investigación, que alrededor del 10% de quienes intentan quitarse la vida lo concretarán más adelante.

Hay quienes se quejan, y no sin razón, porque se hacen esfuerzos mayores en la prevención de muerte por accidentes de tránsito, cuando el número de fallecidos es prácticamente el mismo. Es así como el presupuesto del Programa nacional de Prevención de Suicidios, con el que contamos desde 2013, no supera los 200 millones de pesos anuales, partida de la cual los gastos administrativos representan un 75 %, y cuyo seguimiento resulta bastante difícil, según lo informa una académica de la Universidad de Concepción en un artículo en Gobierno y Administración pública de 2021. Es evidente, sin embargo. que la inversión en recursos investigativos y técnicos en el área de la seguridad vial, aparte de infraestructurales, se traduce en efectos concretos. Un semáforo en determinado cruce, una pasarela donde se habían sumado atropellos, normas que sancionan con severidad el manejo bajo influencia de alcohol, los cinturones de seguridad, las sillas para bebés, etc. Quizá no se reduzca el número total de fallecidos, pero resulta evidente que las medidas implementadas han garantizado que la cifra no se incremente en la proporción en que ha crecido el parque automotor, que ya supera los seis millones de vehículos, y cuyo volumen presiona sobre la infraestructura vial.  

Lo anterior no justifica, claro está, que después de anunciar con bombos y platillos la instalación del mentado programa, aparte de involucrar a prestigiosos profesionales en su diseño y defensa, se asignen míseros 50 millones efectivos para todo el país, que, obviamente, no han hecho ni harán posible el cumplimiento de las metas fijadas.

De todos modos, no es de extrañar, máxime al considerar que durante el cuarto de siglo de vigencia del Plan nacional de Salud mental su presupuesto apenas supere el 2% del asignado a Salud en general. Ello pese a que la intención era, a inicios del milenio, alcanzar el 5% de dicho presupuesto.

Así lo resume el Dr. Juan Pablo Jiménez en un artículo de hace pocos años: “A su vez, la cobertura de atención en salud mental en Chile alcanza aproximadamente a no más de un 20% de la población, mientras que en países de medianos ingresos la cobertura llega a un 50%. El escenario actual sobrecarga considerablemente al personal encargado de salud mental e impacta negativamente en las condiciones en que se entregan los servicios existentes. Por otro lado, existe actualmente una brecha de 921 cargos de médicos psiquiatras adulto e infanto-adolescente para atención ambulatoria; y de 421 para psicólogos(as), trabajadores(as) sociales, terapeutas ocupacionales, y enfermeros(as). Se observa asimismo un déficit en la cantidad de Centros de Salud Mental Comunitarios, Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia, Hospitales de Día, Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva, y Hogares y Residencias Protegidas. De hecho, en Chile se requieren en total 1.209 de estos dispositivos de atención, pero la oferta es de 377 para todo el país. Incluso cuando se consideran las camas de hospitalización psiquiátrica, se calcula la necesidad de 2.226 camas, cuando actualmente se cuenta sólo con 1.433.” 

Se debe enfatizar que todo lo señalado hace referencia a los objetivos planteados dentro del marco estrecho del mismo Plan nacional.. Si comparásemos nuestra realidad con la de un país como Canadá -comparación legítima, por cierto, gracias a nuestra condición de miembros orgullosos de la OCDE-, estaríamos con un déficit de más de treinta mil camas. 

Difícil confiar, por tanto, en que los organismos públicos propicien e implementen estrategias eficaces en la prevención del suicidio. La parafernalia, no obstante, siempre tendrá su espacio.

¿Qué se puede hacer, entonces?

Sólo el acceso a antidepresivos es un factor conocido en la disminución de la tasa de suicidios. Y, como ya vimos que más del 50% de los fallecidos por esta causa padecía un episodio depresivo a la hora de quitarse la vida y apenas un cuarto de ellos habían consultado con un profesional de la salud mental, garantizar la atención especializada oportuna, particularmente de aquellos con riesgo alto (intentos previos, por ejemplo) se vuelve la medida preventiva de mayor impacto.

Es así como se comprueba que curar es mejor que prevenir, o, de modo más preciso, que tratar y prevenir pueden ser, y de hecho lo son, idénticos.